* Las defensoras de la tierra indispensables en la lucha por la sobrevivencia y cuidado del planeta.
* Ataques continuos y sistemáticos a defensoras campesinas e indígenas por parte de empresas privadas con el aval de los Estados en Mesoamérica.
* Los gobiernos reunidos en Río + 20 han renunciado a su obligación de garantizar los derechos y la justicia medioambiental.
* Urgen garantías para que las defensoras de derechos humanos puedan realizar su labor.
La Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable – Río + 20 representaba una oportunidad vital para que los gobiernos avanzaran en acuerdos contundentes que respondieran a la crisis ambiental, la crisis justicia social y económica que enfrenta nuestro mundo, nuestro planeta. El sistema económico prevaleciente en Mesoamérica privilegia los intereses privados y corporativos de grandes empresas y gobiernos a costa de la vida comunitaria, la identidad étnica y la viabilidad de ecosistemas en toda la región.
En este marco, los ataques a defensoras de derechos humanos en la región Mesoamericana, conformada por México y Centroamérica, aumentan y se centran en las mujeres de comunidades rurales y pueblos originarios que están protagonizando la defensa del territorio y los recursos naturales frente a la depredación y despojo que pretenden empresas mineras y eólicas y empresas privadas que sólo buscan la concentración y explotación de la tierra.
En particular riesgo se encuentran las defensoras indígenas y comunitarias que junto con sus pueblos y organizaciones se oponen a la imposición de los megaproyectos que violentan su derecho a la consulta, atentan contra su identidad cultural, provocan desalojos forzados y múltiples formas de violencia contra los y las habitantes, incluida la violencia sexual en contra de las mujeres.
Los estados de la región lejos de salvaguardar los derechos de consulta, medio ambiente y autodeterminación e identidad de los pueblos originarios, han actuado de manera recurrente y permisiva en favor de los intereses de empresas privadas. De manera recurrente han encubierto y mantenido en la impunidad los ataques de empresas privadas en contra defensoras tales como amenazas, hostigamientos, asesinatos, intentos de asesinatos, difamación y extorsión. En muchos casos han utilizado las instituciones de procuración e impartición de justicia para agredir, difamar y criminalizar a las defensoras de derechos humanos y sus organizaciones.
México
El 31 de mayo del 2012 fue asesinada María Edy Fabiola Osorio Bernaldez, integrante de la organización ambientalista Guerreros Verdes, por dos sujetos armados en su domicilio Acapulco, Guerrero. Fabiola Osorio defendió la laguna de Coyuca de la obra Proyecto Muelle de Pie de la Cuesta, Guerrero, impulsada por el gobierno del estado; intentó detener los ecocidios de la laguna, la deforestación de los manglares y denunció una serie de violaciones a las normas ambientales cometidas a partir de la construcción de un muelle flotante en Pie de la Cuesta promovido por la Secretaría de Obras Públicas del Estado y ejecutada por la constructora Arnpol.
Bettina Cruz Velázquez, integrante del Comité de Resistencia al Proyecto Eólico Unión Hidalgo – ubicado en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca–, fue detenida el 24 de febrero de 2012 por elementos de la Agencia Federal de Investigaciones y trasladada al penal de Tehuantepec, acusada por dos delitos que no fueron acreditados: privación ilegal de la libertad y consumo ilegal de la riqueza nacional. Estuvo 33 horas detenida, cuatro de ellas incomunicada, y solo pudo salir mediante el pago de una fianza, aún enfrenta cargos en su contra.
La comunidad de San José del Progreso, Oaxaca ha vivido un ataque continuo por denunciar el intento de despojo por parte de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines y exigir la suspensión de la concesión. Al menos dos defensores han sido asesinados y defensoras integrantes del movimiento de resistencia al despojo de tierras han resultado heridas (Guadalupe Vázquez y Abigail Vázquez Sánchez). El último ataque sucedió el 16 de junio cuando pistoleros presuntamente vinculados a la Presidencia Municipal y a la empresa Minera Cuzcatlán (Fortuna Silver) dispararon contra un grupo de personas frente al palacio municipal.
Honduras
Las comunidades campesinas de la región conocida como El Aguan que luchan en contra del despojo de sus tierras en favor de empresas privadas, Honduras, continúan viviendo violaciones a sus derechos humanos de suma gravedad a manos del ejército y actores no estatales protegidos por las autoridades que han asesinado, realizado detenciones ilegales, amenazado a dirigentes, hostigando a la población y cometiendo abusos sexuales. Uno de estos casos es el de Blanca Azucena Espinoza, Presidenta de la empresa campesina Buenos Amigos de Sabá. El 27 de septiembre de 2010, Blanca Azucena Espinoza, lideró con sus compañeros la toma de tierras ociosas en la Comunidad del Elixir. Ese mismo día fue golpeada por un hombre armado con machete al servicio del empresario Cesar Velázquez, que reclama las tierras como suyas.
El 31 de diciembre 2010, hombres encapuchados que se conducían en un carro pick up, color verde, sin placas, dispararon a un grupo de la comunidad que se encontraba reunido con Blanca Espinoza. En reiteradas ocasiones sujetos armados que la han seguido le han mostrado pistolas simulando disparar, además ha recibido numerosas amenazas de muerte, muchas de las cuales han sido enviadas a sus hijos e hijas. Blanca y tres miembros de la Junta Directiva enfrentan un proceso judicial por usurpación de tierras, las autoridades judiciales también han emitido orden de captura contra una de sus hijas de once años por el mismo delito. Respecto a los casos de abuso sexual se pudo documentar la violación sexual de cuatro mujeres de la comunidad Guadalupe Carney durante la intervención armada del 15 de noviembre de 2010.
Guatemala
El 13 de junio Telma Yolanda Oquelí Veliz, líder del movimiento de vecinos que defiende el territorio ante la expansión minera en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc del Departamento de Guatemala fue atacada por dos hombres que le dispararon e hirieron gravemente, tanto ella como varios integrantes del movimiento han estado recibiendo mensajes y amenazas directas tanto de presuntos trabajadores de la Minera así como de funcionarios de la Empresa e incluso de miembros de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos.
En mayo de 2012 las protestas de comunidades indígenas por la construcción de una hidroeléctrica en Barrillas, culminó en el estado de sitio en esta zona en la cual la población vivió la persecución, criminalización, detenciones ilegales, allanamientos ilegales de casas y
destrucción de los inmuebles; acoso a la población y abusos sexuales.
En la defensa de los territorios indígenas del Quiché, y la lucha contra la industria y exploración minera, Lolita Chávez ha sido amenazada y le han sido libradas órdenes de aprensión no ejecutadas por parte de autoridades guatemaltecas.
El Salvador
En El Salvador fue asesinada la activista ambientalista Dora Sorto a finales de 2009 por su oposición a la depredación ambiental de una empresa minera. Su hijo menor presenció el asesinato. Dora Sorto junto a otros activistas defensores de los derechos de sus comunidades al agua, el derecho a preservar sus ecosistemas, han recibido constantes amenazas y presiones para que bajen su oposición al proyecto de explotación minera por parte de la empresa Pacific Rin de Canadá.
Las comunidades han mantenido una resistencia activa y exigido el esclarecimiento de varios asesinatos, sin que hasta el momento, las autoridades judiciales hayan deducido responsabilidades en ninguno de los casos.
Panamá
Por segundo año consecutivo se han desatado enfrentamientos entre unidades de la Policía Nacional e indígenas del Pueblo Ngäbe-Buglé, acompañados de grupos ambientalistas que demandan el cese de la actividad minera en su comarca y el usufructo sin control de los ríos de
la región de Bocas del Toro y Chiriquí, para cederlos en concesión hidroeléctricas. En este marco La Coordinadora de Mujeres Indígenas, la Alianza de Mujeres y otras organizaciones de mujeres y de la sociedad civil en Panamá, en reiteradas ocasiones han denunciado los abusos
físicos, sexuales y psicológicos, que amparados en la fuerza y la institucionalidad del Ministerio de Seguridad, comete la Policía Nacional.
Frente a estos hechos:
1. Nos solidarizamos y respaldamos las acciones y denuncias de las mujeres defensoras de derechos humanos y sus movimientos en defensa de la tierra y el medio ambiente.
2. Exigimos medidas de protección efectiva para las defensoras que han sido víctimas de ataques, así como el cese de todo acto de hostigamiento, difamación y criminalización. Exigimos también la protección y seguridad de sus familias en aras de que puedan llevar a cabo su labor.
3. Demandamos investigaciones expeditas, inmediatas, exhaustivas e imparciales en torno a los asesinatos y ataques a defensoras del derecho a la tierra, el territorio y un ambiente sano.
4. Exigimos se sancione conforme a los estándares internacionales a las empresas trasnacionales que violan derechos humanos y se dé plena garantía al derecho de consulta a los pueblos originarios y comunidades rurales afectadas por dichas empresas.
5. Pedimos a las y los representantes de organizaciones de la sociedad civil, a donantes, a diversos movimientos sociales presentes en Rio + 20 y la Cumbre de los Pueblos esta semana, a que se solidaricen con las mujeres defensoras de derechos humanos, que presionen para que se detenga la violencia contra ellas, que haya justicia en los casos pendientes y que los estados se comprometan a garantizar plenamente su derecho a defender derechos humanos, a defender sus territorios, a defender la madre tierra.
6. Les exigimos a los estados que cumplan con su obligación y asuman la responsabilidad primordial y el deber de garantizar el Derecho a defender derechos humanos conforme lo establece la Declaración sobre los Defensores y defensoras de los Humanos.
Raíces Nómades 